Ante esta situación queremos remarcar por un lado que si el traslado al Estado español volviera a deparar el alejamiento de la persona presa respecto a sus familiares «sería contradictorio con el objetivo marcado por Europa, además de una flagrante vulneración de sus derechos», algo a lo que nos tiene acostumbrados el estado español.
Añadir también que existen otras incógnitas añadidas, por cuanto no está claro si este traslado repercutiría en las condiciones de cumplimiento de condena en aspectos como el cómputo del tiempo, las redenciones, ... Es posible que en vista de la política imperante en el Estado español en estos temas, incluso podría llegar a ocurrir que el cambio resultara muy perjudicial para la persona presa.
Aparentemente, ante ello no habría freno posible, porque la gran novedad de este procedimiento consiste en que el prisionero ni siquiera es consultado. Hasta ahora ese traslado al Estado de origen estaba contemplado como mera posibilidad, a través de una ley de 1983. Y de hecho, en estos años se ha materializado en aproximadamente una decena de casos de ciudadanos vascos que pidieron ser llevados de cárceles francesas a españolas por diferentes motivos y se les concedió, en otros casos esa misma petición ni siquiera fue respondida por la Administración española. Y llama la atención que en dirección contraria no ha ocurrido lo mismo, puesto que tres solicitudes de presos con nacionalidad francesa encarcelados en el Estado español para ser llevados al norte del Bidasoa han sido rechazadas por Madrid.
Teniendo en cuenta los condicionantes impuestos por la decisión marco europea (tener condenas firmes y no estar pendientes de otros sumarios en el Estado francés), se calcula que en torno a medio centenar de vascos podrían ser movidos del Estado francés al español cuando Madrid complete la reforma legal, entre ellos nuestra vecina Oihana Garmendia. Se calcula que esta reforma acabará su recorrido antes de fin de año. El procedimiento establecido después es especialmente rápido: si hasta la actualidad el trámite «voluntario» requería unos 90 días, este traslado «obligado» se materializará en unos 30.
No existe posibilidad siquiera de recurso contra esta medida. En la hipótesis de que la persona presa rechazara el traslado por el motivo que fuere, tendría que conformarse con los cauces habituales de denuncia -en este caso al Estado francés-, ante instancias como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La decisión marco fue aprobada por el Consejo Europeo hace ya seis años, con la intención de unificar distintas situaciones jurídicas en el seno de la Unión Europea. Sin embargo, la necesaria modificación de las leyes estatales se hace con gran lentitud. París ya ha completado el proceso y Madrid lo está haciendo.
Pero mientras tanto, los gobiernos de Rajoy y Valls ya han abordado la cuestión en conversaciones como la mantenida recientemente por el ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, con la titular francesa de Justicia, Christiane Taubira. La intención española, cuyo criterio habitualmente es seguido a pies juntillas por París, sería evaluar individualmente el caso de cada preso político vasco trasladable, en un proceso muy controlado políticamente.
OIHANA GARMENDIA MARIN
ECRU. 5913
CENTRE DETENTION BAPAUME
CHEMIN DES ANZACS
62451 BAPAUME - FRANCIA
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